México demanda justicia a 40 años de la masacre de Tlatelolco

No se sabe con exactitud la cantidad de personas muertas aquel día; como tampoco quién dio la orden de disparar. Esas dudas son las heridas abiertas que México desea solucionar.

 

Óscar Ordóñez Arteaga *

Los cinco mil kilómetros de distancia que separan a México de Bolivia desaparecieron el instante en que se escuché al otro lado de la línea la voz del ex dirigente estudiantil del ‘68, César Tirado.

Nada más le hice la primera pregunta, y éste lanzó un suspiro largo, buscando con la mirada en el cielo –creo yo– por qué hasta la fecha, los más de 300 muertos de aquel miércoles 2 de octubre de 1968, no tienen justicia.

—¡Ay! Honestamente ésa es una pregunta muy difícil de contestar —me dice.

 

El periódico La Jornada, de México, informó hace poco de que Amnistía Internacional exigió al gobierno del presidente Felipe Calderón que entregue a su país los documentos pendientes para que se cierre uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

Félix Hernández Gamundi, otro ex líder estudiantil del ’68, entrevistado para esta crónica, dice que los documentos que faltan los que tiene la Secretaría de Defensa (o Ministerio de Defensa). “Estamos casi seguros de que allí se encuentran pruebas que nos ayudarán a establecer responsabilidades penales sobre este crimen de Estado”, explica.

Aquella tarde de octubre de hace 40 años, los estudiantes, seguidos de obreros, algunas amas de casa, muchos curiosos, simpatizantes, niños y vecinos se habían reunido a las cinco de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para definir nuevas medidas de protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Demandaban la libertad de los presos políticos; la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, utilizados para encarcelar a los dirigentes opositores y a los disidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en funciones de Gobierno aquel entonces.

Querían que desaparezca el cuerpo policial de Granaderos y también que se destituya a los altos jefes de la Policía. Reclamaban también la indemnización de todos los muertos y heridos desde que se había iniciado el conflicto. Más de 400 personas resultaron heridas; había mil detenidos y sólo los dos primeros días de conflicto, dice el periódico mexicano Excélsior, se reportaron 48 muertes. Por tal motivo, los funcionarios culpables de estos hechos sangrientos no deberían deslindar sus responsabilidades.

 

2 de octubre no se olvida

Todo había comenzado 73 días antes, el lunes 22 de julio de ese año. Un partido de fútbol americano entre estudiantes de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y estudiantes de la escuela Preparatoria Particular “Isaac Ochoterena”, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), terminó a golpes.

Esta trifulca callejera fue disuelta con mucha violencia por el cuerpo policial de Granaderos de la ciudad. Luego, invadieron instalaciones de la Vocacional 2 y golpearon a estudiantes y docentes. Las siguientes semanas se repitieron los enfrentamientos. Estalló, entonces, la indignación estudiantil.

El poeta mexicano, Francisco Azuela, que vive en Bolivia desde hace 30 años, me cuenta que la brutalidad con que la policía invadió la Preparatoria 1 de la Escuela San Ildefonso, el 29 de julio, (derribaron la puerta colonial del siglo XVIII con una bazooka) indignó a las autoridades universitarias.

El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la bandera mexicana a media asta en señal de luto por los hechos del día anterior y encabezó luego una marcha por la avenida Insurgentes hacia la plaza de la Constitución, llamada también Zócalo. El joven Azuela, entonces estudiante de derecho en la Universidad de Guanajuato, fue testigo de esa marcha. Él se encontraba en el hospital ferrocarrilero, acompañando a su padre muy enfermo que poco después habría de morir. Desde las amplias ventanas de este hospital, pegado a la Insurgentes, Azuela contempló en silencio una marcha de 180 mil estudiantes hacia el Zócalo. Su impresión fue enorme, y al reponerse logró escuchar una frase que luego habría de identificar al movimiento estudiantil: “Únete pueblo”.

Se creó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), conformado por varios centros educativos con más de 250 dirigentes. Y su primera movilización fue la suspensión de clases.

El ambiente olía a pólvora. Y durante agosto y septiembre, la inestabilidad y el mido se instalaron entre las calles de la ciudad, cuya población, en octubre próximo, iba a ser testigo de la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos.

El Gobierno temía que el movimiento estudiantil, financiado por el Partido Comunista Mexicano y los extranjeros de izquierda, según lo denunció, boicotee las olimpiadas.

Durante las movilizaciones y marchas de protesta, los estudiantes gritaban a coro “No queremos olimpiadas, queremos revolución”.

Raúl Álvarez Garín, ex dirigente estudiantil del ’68, me dijo que “en ningún momento eso constituyó una posición formal del CHN”. Coincidió con él, días después, Hernández Gamundi. “Más nos interesaba que el Gobierno deje de reprimir a los estudiantes y libere a nuestros compañeros”, me explicó Hernández.

Los ojos del mundo estaban en México. Y la huelga estudiantil era un problema grueso para el Gobierno que decidió aquel 2 de octubre abrir fuego contra la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas.

Álvarez Garín y Hernández Gamundi, que vieron caer muertos ese día a varios de sus compañeros, fueron encarcelados junto a más de 3 mil estudiantes. César Tirado, en cambio, escapó como pudo, pese a que el ejército buscó hasta por debajo de las piedras a los demás dirigrntes.

Para César Tirado son “basiladas” (tomaduras de pelo) la pronunciación de Amnistía Internacional demandando justicia al gobierno mexicano. “Se han presentado una cantidad de pruebas, y está claro para todo el país y para todos los mexicanos los responsables directos de la matanza son el presidente Gustavo Díaz Ordaz; el Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza y también el Secretario de Defensa, Marcelino García Barragán”.

De todos ellos, sólo vive Echeverría, que fue presidente de México entre 1970 y 1976. Él cumple ahora un arresto domiciliario por orden del Segundo Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales, en espera de su situación legal.

César Tirado, quien tiene ahora 62 años, cree además que los nuevos generales que ocupan hoy altos cargos en su país podrían ser los autores materiales de la matanza del 2 de octubre. “Ellos dispararon contra los estudiantes, por eso no creo que haya justicia en este país, se protegen unos a otros, cuando ven afectados sus intereses”.

Hasta la fecha no se sabe con precisión cuántas personas han muerto. Azuela me cuenta que los familiares que querían recuperar los cuerpos de sus muertos, “tenían que declarar, para que se sentara en el acto de defunción, que su familiar había muerto por otra causa”.

Al año siguiente, el presidente Díaz Ordaz asumió la responsabilidad política, social, histórica y ética de los hechos cuando emitió su informe anual al Congreso de la Unión de su país. Dejó la presidencia en 1970.

Siete años más tarde fue nombrado embajador de México en España, y cuando se le preguntó por esta matanza, golpeó la mesa a la que se había sentado y levantó la voz espetando: “de lo que estoy más orgulloso de esos seis años (de gobierno) es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante; y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, [dirigiéndose al periodista] de estar aquí preguntando”.

Los ex dirigentes del CNH, Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, César Tirado y Roberto Escudero crearon hace más de diez años el Comité del 68; una institución que busca justicia sobre esta matanza y otra que ocurrió en junio de 1971, conocida como la de Corpus Cristi así como persecución política, entre 1970 y 1976 (llamada Guerra Sucia) contra los simpatizantes de izquierda y los opositores al régimen del PRI.

La demanda por genocidio cursa en contra de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, entre otros. Hasta ahora, la justicia mexicana no se ha pronunciado sobre este caso.

 

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* Periodista boliviano. Corresponsal de Los Angeles Times en Bolivia.

Emmanuel Milán, periodista de la revista Semblanza, colaboró desde Ciudad de México en la elaboración de esta crónica.